Publicado el 1 Septiembre, 2009
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dictado orden de busca y captura contra la etarra Maite Aranalde, que se encontraba en libertad después de ser extraditada por Francia la semana pasada, al comprobar su fuga después de que no haya cumplido con la comparecencia semanal ante el Juzgado que se le había impuesto.
Garzón admitió ayer el recurso que presentó la Fiscalía contra la puesta en libertad de Aranalde que acordó el juez Eloy Velasco -que sustituía a su compañero mientras éste estaba de vacaciones- y ordenó su ingreso en prisión por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al ‘comando Donosti’ de ETA. Sin embargo, cuando las Fuerzas de Seguridad fueron a notificarla el auto de ingreso en prisión y detenerla, Aranalde ya había desaparecido de su domicilio en Ibarra (Guipúzcoa).
La Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó el pasado viernes un recurso en contra de la decisión de Velasco, que retiró el pasaporte a la etarra, y solicitó, además, que se le impusieran a Aranalde mayores medidas de seguridad para garantizar que la terrorista no huyera del territorio español, como finalmente ha sucedido.
El Ministerio Público recordaba que Aranalde fue detenida en Francia, adonde había escapado cuando formaba parte del comando K-Zelatun, lo que podría facilitar que lo hiciera de nuevo. Pedía también que las comparecencias impuestas fueran diarias, en lugar de semanales.
12.000 euros de fianza
Aranalde fue entregada a España el pasado martes después de cumplir en Francia una condena por asociación de malhechores. A su llegada a la Audiencia Nacional se comprobó que la documentación que la acompañaba se refería únicamente a una de las dos causas por las que se la investiga, un delito de tenencia de explosivos. No existía, sin embargo, documentación sobre la otra investigación en marcha, sobre su participación en la colocación de varias bombas durante el Puente de la Constitución de 2004.
Velasco decretó su ingreso en prisión por esta acusación de posesión de dinamita y le impuso para eludir la cárcel una fianza de 12.000 euros, que fue abonada por su familia. El Juzgado responsable de la otra causa se vio impedido de dictar medidas en su contra ante la carencia de papeles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario